Cientos de miles de franceses salieron a las calles este jueves para protestar contra la propuesta de reforma del sistema de pensiones del Gobierno de Macron.
La movilización, convocada por los sindicatos franceses, fue masiva en todo el país, con huelgas y manifestaciones en ciudades como París, Marsella y Nantes.
La protesta más importante se llevó a cabo en la capital francesa, donde una gran cantidad de personas se reunió para mostrar su oposición a la reforma, que incluye el aumento del periodo de cotización y el retraso de la edad legal de jubilación. Los sindicatos buscaban mostrar su fuerza y la impopularidad de la propuesta del Gobierno.
«La movilización es a la imagen de lo que leemos en las encuestas, es decir, que una gran mayoría de los ciudadanos de este país están en contra de esta reforma», celebró Philippe Martínez, secretario general de la Confederación general del trabajo (CGT) francesa para EFE.
«Hay mucha, mucha gente. Mucho más que lo habitual. El mensaje es claro: No al aumento del tiempo de cotización y no al retraso de la edad legal de comienzo de la jubilación. Es simple», prosiguió paraa Efe.
«Queremos tener una buena jubilación, no queremos llegar a la jubilación estando quebrados, cansados, rotos (…) Si el Gobierno no recobra la razón habrá más» protestas, advirtió, por su parte, Laurent Escure, secretario general de la Unión Nacional de los Sindicatos Autónomos (UNSA) para la agencia estatal.
En concreto, las protestas vehiculan contra el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones que el presidente Emmanuel Macron ha ubicado entre las prioridades de su gobierno para este 2023. Los principales cambios que quiere hacer el Gobierno son el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento del periodo de cotización de 42 a 43 años para 2027.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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