Se pasa de 93 a 99 personas en el Ejecutivo y el gasto en asesores se duplica al cubrirse los 44 puestos donde se coloca a jefes de prensa, exsenadores y familiares de políticos.
El «recorte de gasto» nunca comenzó en Castilla y León la victoria del PP y del pacto con Vox, que formaron un Gobierno de coalición.
El Ejecutivo ahora cuenta con 99 altos cargos, seis más que en la anterior legislatura, y ha cubierto todo el cupo de eventuales, los cargos a dedo que ocupan puestos de jefes de prensa en las consejerías, de asesores o incluso de responsables de redes sociales.
Los 99 altos cargos, que van desde el presidente de la Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hasta los delegados territoriales de la Junta, suman 6,8 millones de euros en salarios cada año, explican desde elDiario.es.
«La cifra superará los 7 millones, ya que aún quedan por incluir al viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, nombrado el pasado jueves, y al director general de Producción Agrícola y Ganadera y al gerente del Sacyl, con los nombres aún por decidir», añaden.
Según los datos del portal de datos abiertos del Gobierno autonómico, los 93 cargos que había en 2020 suponían un gasto salarial anual de 6,5 millones. Esta diferencia entre 2020 y 2022 se explica porque hay más cargos y porque se ha hecho una actualización de salarios del 2%.
El vicepresidente, García- Gallardo, de Vox, cobrará 79.570,96 euros, un sueldo superior al de Mañueco y, además, ha nombrado varios cargos vinculados a la vicepresidencia, en concreto tres.
García-Gallardo cuenta con un “director del Gabinete del Vicepresidente”, un cargo inexistente hasta el momento en la Junta de Castilla y León. «Ningún vicepresidente había tenido, hasta ahora, un director de gabinete, pero es que es también la primera vez que un vicepresidente lo es sin estar al frente de una consejería», puntualizan desde el medio.
«Vox ya está enchufando a familiares y amigos»
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo de Vox ha colocado a dedo a un familiar y a la exdirectora de medios de la Conferencia Episcopal Española, tal y como informaba elDiario.es.
Aunque el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba el nombramiento por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, fuentes del Gobierno autonómico precisan que los nuevos cargos de confianza, asesores, “son a propuesta del vicepresidente”.
José María Barrio Gil-Fournier, el asesor de la Junta fue hasta hace poco director de Promoción y representante en Valladolid de la constructora Royal Urbis, el mayor moroso de Hacienda, que en este momento subasta activos.
Barrio Gil-Fournier fue citado a declarar como imputado en un juzgado de Valladolid en 2013 por un presunto delito contra el medio ambiente, ya que la constructora compró una antigua fábrica de uralita y contenía amianto.
Royal Urbis a subasta
En octubre del año pasado salió a subasta de manera conjunta el lote de Royal Urbis, pero fracasó y ahora saldrá individualmente. Por el momento, solo han salido dos de los cinco hoteles de Reyal Urbis a subasta.
Entre estas propiedades destacan un hotel de cinco estrellas, Hotel La Pleta, valorado en 4’5 millones, de la cadena Rafael Hoteles, y el Hotel Ventas, también de Rafael Hoteles.
El resto de activos que han salido ya a subasta son varios solares. Entre ellos, destacan 11 fincas en la ampliación de la Castellana, es decir, en el futuro Madrid Nuevo Norte, uno de los futuros y grandes desarrollos urbanísticos de Madrid.
Estos suelos están valorados en poco más de 6,82 millones de euros y sobre ellos se admitirá una puja mínima de siete millones de euros, ha informado El Confidencial.
La segunda mayor quiebra inmobiliaria en España
La de Royal Urbis fue la segunda mayor quiebra inmobiliaria de España, tras la de Martinsa Fadesa. Entre los grandes acreedores de Reyal Urbis destaca la Agencia Tributaria (AEAT), a la que en 2020 debía 343,5 millones.
Sareb es otro de los grandes acreedores tras heredar cerca de 1.000 millones de deuda de las antiguas cajas de ahorros.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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