Una semana después de decir la presidenta madrileña que su hermano sólo había cobrado 55.000 euros.
La Comunidad de Madrid ha admitido este jueves que el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cobró de la empresa Priviet Sportive SL –a la que el Gobierno autonómico adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas– un total de 283.000 euros en cuatro pagos, según ha adelantado El Confidencial.
Esos 283.000 euros son la misma cantidad que Pablo Casado, todavía presidente del PP, atribuyó al cobro de una comisión por parte de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña.
«Sobre las informaciones que siguen saliendo relativas al contrato Priviet Sportive: Tomás Díaz Ayuso factura a esta empresa un montante total de 283.000 euros en 2020. Eso se sustancia en cuatro facturas, correspondientes a cuatro trabajos diferentes», se afirma en una comunicación oficial de la Comunidad de Madrid.
Esta cifra dista mucho de los 55.850 más IVA que reconoció Díaz Ayuso. Esta afirmó que su hermano lo había cobrado en un solo contrato.
A pesar de confirmarse dichos cobros desde la Comunidad de Madrid no se especifica qué trabajos realizó Tomás Díaz Ayuso, debido a que esta no muestra los otros contratos restantes.
Anticorrupción investiga a Ayuso mientras la izquierda y los medios desvelan más contratos
La Fiscalía Anticorrupción abría esta semana pasada un estudios sobre los escritos presentados por Más País, PSOE y Unidas Podemos, por tal de valorar la trascendencia penal de la conducta antes de decidir si incoa diligencias de investigación.
Fuentes de Anticorrupción, consultadas por Europa Press, indican que sin esa incoación no se puede practicar ninguna actuación, ni diligencia, ni requerimiento alguno.
En su escrito, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una «comisión» por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos» y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».
El grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid además ha añadido nuevos datos sobre contratos entre la Comunidad de Madrid y empresas vinculadas al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como los del hospital Zendal o los contratos fraccionados a Artesolar.
Así lo ha trasladado la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha apuntado que «en los próximos días» harán esta ampliación de la denuncia que presentaron el pasado viernes.
«La mayoría de los contratos de emergencia Ayuso, al contrario de lo que dice el Gobierno, no están colgados en el Portal de Transparencia», ha denunciado Alonso.
Otros contratos vinculados con el hermano de Ayuso
El diario Público señalaba que a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid se puede seguir el rastro de otras adjudicaciones que salpican de lleno al hermano de Ayuso.
Tomás Díaz Ayuso aparecía – que luego borró – vinculado en Linkedln al sector de la eficiencia energética y consta que desde mayo de 2016 hasta la actualidad está trabajando en la empresa Artesolar Iluminación SA, casualmente una sociedad que también ha recibido contratos de la Comunidad de Madrid, en total 18 contratos directos fuera de los concursos públicos.
Según ha podido comprobar Público, entre esos contratos se encuentran desde el suministro en 2018 de proyectores y lámparas Led para el Canal de Isabel II, cuando Ayuso aún era viceconsejera de Presidencia, hasta diversos servicios de iluminación del Hospital Ramón y Cajal en 2019 y 2020. Diez de los contratos, cuyo importe alcanza los 70.000 euros, fueron otorgados siendo ya Ayuso presidenta.
Al frente de Artesolar Iluminación SA se encuentra el empresario chino Shengli Chen quien también forma parte de la empresa Arteconfort Hotel SL, dedicada al comercio al por mayor no especializado y que también aparece como proveedora de la Comunidad de Madrid.
En julio de 2020 se adjudicó a esta empresa por el procedimiento de emergencia un contrato para el suministro de mascarillas quirúrgicas para el Hospital Universitario La Paz por un importe de 150.000 euros.
Artesolar Iluminación no solo consiguió la concesión de 18 contratos adjudicados a dedo, sino que también obtuvo dinero público gracias a iluminar pasos de cebra, unos trabajos cifrados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 192.000 euros, según informaciones se este lunes de El Plural.
El 16 de octubre de 2020, en plena segunda ola del coronavirus, la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Transportes, otorgó a esta empresa un contrato para la instalación de nuevos sistemas de iluminación, más novedosos, en los pasos de cebra.
En total, se mejoró la visibilidad en 113 pasos de peatones en 23 municipios de la región, unos trabajos enmarcados, según el entonces consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la Estrategia de Conservación de Carreteras 2018-2021.
Preguntada por El Plural, la Comunidad de Madrid se ha negado a aclarar cuánto pagó a la compañía en la que trabaja el hermano de Ayuso. Además, el citado periódico tampoco ha podido contactar con la empresa que preside Shengli Chen, un pastelero ligado al Partido Comunista de China reconvertido a la venta de mascarillas.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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