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Las residencias de mayores fueron abandonadas a su suerte en el momento en que más necesitaban apoyo
El manejo de la pandemia en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid ha sido un capítulo oscuro en la reciente historia sanitaria de España. A medida que salen a la luz más detalles, resulta inevitable cuestionar las decisiones que se tomaron en esos primeros meses de 2020. Un estudio reciente, publicado en la revista BMC Geriatrics, revela una realidad inquietante: las restricciones en los traslados hospitalarios de personas mayores comenzaron días antes de que se firmara el polémico «Protocolo de la Vergüenza». Pero lo más alarmante es que este protocolo solo oficializó una práctica que ya estaba en marcha y que resultó en una trágica ola de muertes.
Los datos son claros y contundentes: los traslados de las residencias a los hospitales empezaron a restringirse el 7 de marzo de 2020, cuando la ocupación de camas por pacientes con COVID-19 era apenas del 10%. ¿Qué motivó esta decisión? Los científicos responsables del estudio, entre ellos François Béland y María Victoria Zunzunegui, subrayan que no hubo justificación médica para ello. Más bien, apuntan a una decisión política que priorizó la capacidad hospitalaria por encima de la vida de los mayores.
UN INICIO TEMPRANO DE LA CRISIS
El 7 de marzo de 2020, fecha marcada en el estudio como el comienzo de las restricciones, fue un día ordinario para la mayoría. Sin embargo, para las personas mayores residentes en geriátricos de Madrid, esa fecha significó el inicio de un aislamiento mortal. Los datos indican una caída drástica en los traslados hospitalarios a partir de ese día, con una reducción del 44% en las derivaciones respecto al mes anterior. Este descenso coincide sospechosamente con la centralización de la gestión de camas hospitalarias por la Consejería de Sanidad.
Lo que siguió fue un horror anunciado: mientras los traslados disminuían, los fallecimientos en las residencias se dispararon. La cifra diaria de muertes en geriátricos alcanzó su pico el 2 de abril, cuando más de 330 mayores perdieron la vida en un solo día. Los hospitales, por otro lado, mostraban una reducción en las muertes, lo que deja claro que la decisión de no trasladar a los mayores estaba condenándolos a morir sin atención médica adecuada.
Este fenómeno no fue casual ni aislado. La directora de la residencia Amavir en Alcorcón y otros testimonios señalan que ya desde el 13 de marzo se necesitaba autorización de un geriatra de enlace para trasladar a un residente. Estos hechos corroboran la hipótesis de que las decisiones tomadas durante esos días estaban dirigidas por una estrategia centralizada, diseñada para evitar el colapso hospitalario a cualquier costo, incluso el de la vida de miles de mayores.
LAS CONSECUENCIAS DE UNA DECISIÓN CRUEL
El resultado de esta política fue devastador. Entre marzo y abril de 2020, murieron 9.470 mayores en residencias de la Comunidad de Madrid; de estos, 7.291 fallecieron en el propio centro, lo que significa que el 77% de los decesos ocurrieron sin que las personas tuvieran la oportunidad de recibir atención hospitalaria. Esta cifra, más allá de ser un número frío, representa una tragedia humana de dimensiones incalculables.
Las y los responsables de estas decisiones, como el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, han tratado de justificar su actuación señalando que los protocolos se implementaron para evitar el colapso hospitalario. No obstante, los datos del propio Gobierno madrileño desmienten esta narrativa: se salvó al 65% de los residentes que sí fueron hospitalizados. Esto demuestra que la decisión de no trasladar a los mayores no solo fue inmoral, sino también ineficaz desde el punto de vista sanitario.
El estudio deja claro que las residencias de mayores fueron abandonadas a su suerte en el momento en que más necesitaban apoyo. No se proporcionaron los recursos necesarios, no se medicalizaron los centros, y quienes enfermaban de COVID-19 eran dejados en sus camas, sin atención adecuada, hasta que fallecían. Este es el verdadero escándalo: no fueron solo los Protocolos de la Vergüenza, sino la negligencia sistemática y la falta de previsión que convirtieron las residencias en auténticos campos de exterminio.
En palabras de Zunzunegui, «la Comunidad de Madrid cerró las residencias sin dar los recursos necesarios, sin medicalizarlas», lo que condenó a miles de mayores a una muerte que podría haberse evitado. Y es que, como concluye el estudio, no hubo razones médicas que justificaran la decisión de restringir los traslados hospitalarios cuando la ocupación de camas aún era manejable. Se trató de una decisión política, cruda y calculada, que antepuso la capacidad hospitalaria a la vida de los mayores.
El resultado está a la vista: 7.291 personas mayores murieron en sus residencias, sin la atención que merecían, víctimas de una gestión que las dejó de lado en el momento más crítico. No se trató de un error o un malentendido, sino de una decisión consciente que tuvo consecuencias mortales. Este es el legado del Protocolo de la Vergüenza y de quienes lo implementaron.
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