La negligencia y la falta de acción no pueden ser la respuesta ante una tragedia de esta magnitud.
La negativa de la Fiscalía de Madrid a abrir nuevas investigaciones sobre las muertes en las residencias durante la pandemia es un insulto a la memoria de las víctimas y una burla a sus familias. Con una simple frase, la fiscal Almudena Lastra ha cerrado la puerta a la justicia: «No procede iniciar una investigación ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial e incluso algunos han sido archivados». Esta decisión, tomada tras recibir el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, es un claro ejemplo de la dejadez institucional que ha caracterizado este caso.
EL INFORME QUE REVELA LA VERDAD
Entre marzo y abril de 2020, 9.468 usuarios de residencias fallecieron en Madrid, 7.291 de ellos sin ser trasladados a un hospital. El informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, basado en más de un año de trabajo, acusa a las autoridades de haber tomado decisiones que vulneraron los derechos fundamentales de los mayores de forma «perfectamente consciente, planificada y mantenida en el tiempo». La Comisión, formada por expertos como María Victoria Zunzunegui, Fernando Lamata, Anna Freixas, Fernando Flores, Cristina Monge y Eduardo Ranz, identifica tres decisiones clave que agravaron la situación.
Primero, la falta de medicalización de las residencias, pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Segundo, el llamado «Protocolo de la Vergüenza» que impedía derivar a los residentes más vulnerables a hospitales. Tercero, la no utilización de recursos disponibles, como el hospital de campaña de Ifema y los centros privados, que podrían haber aliviado la carga de los geriátricos.
UNA INVESTIGACIÓN QUE NUNCA LLEGÓ
La Comisión también denuncia la falta de una investigación adecuada tanto en el ámbito judicial como en el político. La mayoría de los procedimientos judiciales han sido archivados, y la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid quedó en suspenso tras el adelanto electoral. Ni siquiera se reabrió a pesar de los intentos de PSOE y Más Madrid. El informe es claro: «Si el Estado no cumple su obligación de actuar de forma diligente, vulnera el derecho a la tutela judicial de las víctimas, les arrebata la posibilidad de una reparación y reduce la confianza de la ciudadanía en las instituciones.»
La Fiscalía de Madrid ha mostrado una falta de transparencia alarmante. En febrero, tras las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de que los usuarios «no se salvaban en ningún sitio», la institución guardó silencio. Cuando se le plantearon 38 preguntas sobre las muertes en las residencias, la única respuesta fue que «ya está todo explicado en la Memoria anual» de 2021, un documento plagado de omisiones y falsedades. Esta actitud de desdén y evasión es inaceptable.
RESPUESTAS INSUFICIENTES Y PROMESAS VACÍAS
La Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo han ofrecido respuestas más alentadoras, pero igualmente insuficientes. La Fiscalía General del Estado prometió un «profundo y atento análisis» del informe, pero las familias no han visto ninguna acción concreta. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha insistido en la necesidad de una «especial atención por parte de los poderes públicos» y ha subrayado que la pandemia en los centros residenciales requiere «todas las explicaciones posibles y una adecuada respuesta». Sin embargo, estas promesas parecen vacías sin acciones tangibles.
El documento fue entregado el 3 de abril, y la respuesta de la Fiscalía General del Estado llegó el 17 de abril, asegurando que se analizarían los datos del informe. El Defensor del Pueblo también se comprometió a vigilar que «las mismas circunstancias no puedan volver a repetirse» y a seguir de cerca los cambios en el modelo residencial consensuado en 2022. No obstante, excepto en Galicia, Madrid y Murcia, la mayoría de las comunidades ya están adaptando sus normativas para cumplir con los nuevos estándares, que incluyen límites de plazas y unidades de convivencia.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
La respuesta de la Fiscalía de Madrid, que ha decidido no abrir nuevas investigaciones, es un claro ejemplo de la negligencia institucional. Las familias de las víctimas, representadas por organizaciones como Marea de Residencias y Verdad y Justicia, seguirán luchando por la verdad y la justicia. Javier Cordón, de Verdad y Justicia, ha manifestado su desilusión pero también su determinación: «Es una forma de demostrar que hay una falta de colaboración y de responsabilidad.»
Es imperativo que las autoridades actúen con responsabilidad y transparencia. La memoria de las víctimas y la confianza del público en las instituciones dependen de una acción decidida y diligente. La negativa a investigar es una afrenta a los derechos humanos y una traición a los principios de justicia y responsabilidad. La sociedad no puede quedarse callada ante este desamparo institucional. Es hora de que las y los responsables rindan cuentas y se haga justicia para quienes fueron abandonados en sus momentos más vulnerables.
La negligencia y la falta de acción no pueden ser la respuesta ante una tragedia de esta magnitud. Las familias de las víctimas merecen una respuesta, una investigación exhaustiva y, sobre todo, justicia. La impunidad no puede prevalecer.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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