La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este lunes en su negativa a cumplir con la petición del Gobierno de que las administraciones autonómicas y municipales financien la gratuidad de los transportes públicos que dependan de ellas.
Ayuso considera que «el cheque-voto no funciona en la Comunidad de Madrid y esto es algo que parece que el Partido Socialista, como habla a los ciudadanos como a niños, no quiere entender”, ha asegurado Ayuso.
“Yo creo que el todo gratis es para quien se lo quiera creer. Todos los servicios públicos cuestan, cuestan un gran esfuerzo por parte del contribuyente y creo que también las familias ricas, como dice el Partido Socialista, se verían beneficiadas por el todo gratis de este transporte, así que a ver si tenemos un poco más de coherencia”.
“Pese a la propuesta del PSOE del todo gratis, quiero dejar algo claro, somos una de las comunidades con mayor porcentaje de utilización del transporte público, con uno de los mejores transportes públicos de España, si no es el mejor. El 60% ya está subvencionado por parte de la Comunidad de Madrid, que tiene las tarifas congeladas desde hace 10 años, que tiene abonos especiales para mayores de 65, para jóvenes de menos de 26 años, que hemos unificado las tarifas beneficiando a más de medio millón de personas”, señalaba Ayuso.
Asimismo, ha hecho hincapié en que el 60% ya está subvencionado por parte de la Comunidad y que la misma tiene «las tarifas congeladas desde hace 10 años», abonos especiales para mayores de 65 años y menores de 26 y que se han unificado las tarifas para beneficiar a medio millón de personas.
Ayuso, ha sostenido que el Gobierno central está siguiendo «la estrategia de la carcoma de ir poco a poco erosionando todas las instituciones desde dentro». La dirigente madrileña ha criticado lo que está sucediendo «con la Justicia en España (…) y esa utilización por parte del Gobierno de la misma».
«Creo que cada vez vamos a un camino más como el venezolano. Nos vemos acercando cada vez más, institución o poder que le recuerda a (Pedro) Sánchez dónde están los límites institución a colonizar y a desprestigiar», ha señalado.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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