Andorra es uno de los países con sesgo antiabortista del mundo.
Andorra, tras influencia y protección que el Vaticano ofrece a este microestado, lo ha convertido en uno de los últimos lugares de Europa donde se castiga con prisión el aborto en todos los casos.
«Cada año, un reguero de mujeres se ausenta discretamente de su rutina durante unos días y se traslada al país vecino para ir a abortar, con el coste personal y económico que esto supone», explicaban desde eldiario.es.
“La situación en Andorra genera una clarísima desigualdad para las mujeres con pocos recursos”, señala Sílvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya. “No todas pueden costearse el viaje para ir a abortar y estas mujeres son las mayores perjudicadas por la legislación actual”.
Se desconocen con exactitud ningún tipo de datos al respecto, puesto las andorranas deben desplazarse para abortar, la mayoría a Barcelona o Tolouse.
Según datos de la Conselleria de Salut de la Generalitat, en 2018 hubo 124 andorranas que abortaron en centros públicos catalanes.
Sin embargo, los expertos indican que podrían ser el doble o el triple, ya que esta cifra solo se refiere a mujeres que han interrumpido su embarazo en hospitales públicos catalanes.
“La estructura del coprincipado es curiosa y está anclada al pasado, pero nos ha permitido sobrevivir durante siglos como un Estado independiente y neutro”, señala en conversación telefónica Eric Jover, ministro de Finanzas y portavoz del Govern de Andorra a el medio digital.
“Somos pocos habitantes y no tenemos grandes recursos ni reservas naturales, nuestro futuro pasa por una diplomacia fuerte y para esto necesitamos al Vaticano y a Francia”.
«No hace falta irnos a USA. Andorra es de los pocos países en los que el aborto está prohibido en TODOS los casos. Se castiga con penas de cárcel para la mujer y el profesional, incluso aunque la vida de la embarazada esté en peligro, haya sido violada o existan malformaciones», informa la Dra. Elena Casado Pineda.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
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