«Está en su mano acabar con ellas y todavía le quedan unos meses para poder hacerlo»
Rubén Sánchez, secretario general de Facua
En diciembre de 2011, el recién elegido diputado Alberto Garzón ironizaba en Twitter sobre lo equilibradamente repartidas que estaban las donaciones realizadas en EEUU por entidades financieras, aseguradoras y del sector inmobiliario al partido demócrata y al republicano. También se quejaba de la falta de transparencia que sufrimos en España sobre ese tipo de donaciones.
«Estas conexiones son importantes», tuiteaba Garzón en enero de 2013, al hacerse eco de que «Mercadona» aparecía en una anotación realizada por Bárcenas en la caja B del PP. Y a finales de ese año, el diputado Garzón criticaba en otro tuit que el Gobierno del PP no prohibiese de forma inmediata las donaciones de empresas a los partidos políticos. Una prohibición que se llevó a cabo dos años después, aunque permitiendo las destinadas a campañas electorales con un tope de 10.000 euros.
Al hoy ministro de Consumo no le parece bien que las empresas donen dinero a los partidos políticos. Resultan obvios los motivos. Esos pagos pueden condicionar las decisiones que adopten esos partidos sobre las políticas que afecten a esas empresas.
En España, empresas y patronales financieras, aseguradoras, inmobiliarias, petroleras, compañías de gas, electricidad, telecomunicaciones, tecnológicas, fabricantes de cosméticos, perfumes, bebidas alcohólicas, tabacaleras o supermercados realizan pagos a algunas organizaciones de consumidores. Pagos que intentan evitar que salgan a la luz a organizaciones dedicadas, supuestamente, a defender a los consumidores de los abusos de esas mismas empresas.
El ministro Garzón lo sabe. De hecho, el Ministerio de Consumo tiene en su poder decenas de acuerdos económicos suscritos por asociaciones de consumidores con entidades como Caixabank, Visa, Caser, Repsol, Cepsa, Telefónica, MásMóvil, HP, Philip Morris o Mercadona.
Garzón sabe que esos acuerdos implican desde el patrocinio de eventos, campañas de comunicación y estudios de mercado hasta el pago de comisiones a cambio de captar clientes para las empresas firmantes.
Pero el ministro lleva tres años y medio sin mover ni un dedo para acabar con esas prácticas, pese a que puede hacerlo. Puede actuar expulsando del registro de asociaciones de consumidores a aquellas que se dedican a realizar publicidad comercial de empresas que le pagan comisiones, una práctica prohibida por la legislación. Y puede actuar cambiando la ley para que queden totalmente prohibidos los pagos de empresas privadas a asociaciones de consumidores.
Ministro Garzón, ¿de verdad cree que los pagos de empresas a asociaciones de consumidores no condicionan la independencia a la que les obliga la ley en sus actuaciones sobre cuestiones que afecten a esas empresas? ¿De verdad cree que es casualidad que las asociaciones que no reclaman una intervención sobre los márgenes de beneficio de las grandes cadenas de supermercados hayan recibido pagos de Mercadona? ¿También cree que es casualidad que pese a las descomunales subidas de los precios, esas asociaciones se limiten a pedir que se baje el IVA de más alimentos, las mismas medidas que piden las propias cadenas de supermercados?
¿Acaso no le importa, señor ministro, que organizaciones con relevancia constitucional y que representan a los consumidores en órganos consultivos del Gobierno para posicionarse sobre políticas y leyes que afectan a las empresas estén pagadas por esas empresas?
Piénselo. Piénselo, por favor. Porque, como usted decía, «estas conexiones son importantes». Y está en su mano acabar con ellas. Todavía le quedan unos meses para poder hacerlo.
Editorial del episodio 10 del pódcast En ocasiones veo fraudes.
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