Trump ha presentado ante la ONU una estrategia que convierte narcotráfico, terrorismo y seguridad nacional en argumentos para ampliar el poder militar estadounidense sobre el continente. Venezuela ya permite ver hasta dónde puede llegar: una incursión armada para sacar del país a Nicolás Maduro, control estadounidense sobre los ingresos del petróleo y compañías privadas entrando después en algunas de las mayores reservas de crudo del planeta.
LA “GUERRA CONTRA LOS CÁRTELES” COMO PUERTA DE ENTRADA
Donald Trump ya no intenta disimular qué lugar reserva a América Latina dentro de su política exterior. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre, prometió utilizar el “poder militar incomparable” de Estados Unidos contra las amenazas que Washington identifique en el hemisferio occidental y comparó a los cárteles con ISIS. “Deben ser asesinados, expulsados o detenidos como combatientes enemigos”, afirmó.
La palabra importante es hemisferio.
Trump no presentó una operación puntual contra una organización criminal. Reivindicó una política de supremacía regional inspirada explícitamente en la Doctrina Monroe, el principio formulado en 1823 que acabaría sirviendo durante generaciones para justificar la consideración de América Latina como esfera privilegiada de influencia estadounidense. Su entorno hasta ha rebautizado la nueva versión como “Donroe Doctrine”.
De ahí nace Shield of the Americas, una estructura impulsada por Washington para coordinar inteligencia, fuerzas de seguridad y operaciones contra organizaciones criminales junto a gobiernos latinoamericanos aliados. Argentina, Ecuador, El Salvador, Colombia y Perú están entre sus miembros; Brasil y México se han mantenido fuera.
La cooperación policial entre Estados frente al narcotráfico no tiene nada de excepcional. Lo que cambia con Trump es el salto desde la policía hacia la lógica de la guerra.
Desde 2025, EEUU ha atacado decenas de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que asegura estaban vinculadas al narcotráfico. Las operaciones han matado a más de 220 personas. Organizaciones de derechos humanos sostienen que varias de esas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales porque las víctimas fueron eliminadas militarmente sin juicio y fuera de un conflicto armado reconocido. Washington sostiene que combate organizaciones terroristas.
Convertir un cártel en “organización terrorista” no es una cuestión semántica. Permite desplazar el problema desde el derecho penal hacia el lenguaje del enemigo militar. Con él aparecen ataques aéreos, fuerzas especiales y la posibilidad de actuar unilateralmente en territorio extranjero.
Venezuela ya ha servido como ensayo general.
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos venezolanos, entraron en Caracas y sacaron del país por la fuerza a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Más de 150 aeronaves, unidades de Delta Force y activos de la CIA participaron en una operación preparada durante meses. Maduro terminó encadenado ante un tribunal de Nueva York.
Reuters utiliza el término “captura”. Maduro declaró ante el juez que había sido “secuestrado”, la misma palabra utilizada por las autoridades venezolanas. Más importante que la batalla terminológica es lo que dicen especialistas en derecho internacional consultados por la agencia: EEUU utilizó la fuerza dentro de otro Estado sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin consentimiento de Caracas y sin que concurriera uno de los supuestos tradicionales de legítima defensa. Varios de esos juristas consideran la operación contraria al derecho internacional.
España tampoco reconoció la legalidad de una intervención que vulnerase la Carta de Naciones Unidas.
Una acusación penal estadounidense puede justificar intentar detener a alguien dentro de los mecanismos jurídicos existentes. Lo que no concede automáticamente a Washington el derecho a bombardear otro país, entrar con comandos militares, llevarse a su gobernante y anunciar después que decidirá qué ocurre allí.
Trump hizo precisamente eso último.
Horas después de sacar a Maduro de Venezuela afirmó que Estados Unidos “dirigiría el país” durante el periodo de transición. Y enseguida empezó a hablar de petróleo.
VENEZUELA ENSEÑA QUÉ SIGNIFICA LA NUEVA DOCTRINA: PETRÓLEO BAJO CONTROL ESTADOUNIDENSE
Trump nunca escondió demasiado el componente económico de la intervención.
El 3 de enero, mientras todavía se conocían los detalles de la operación militar, declaró que Estados Unidos iba a “recuperar el petróleo” venezolano y que Washington sería reembolsado por sus gastos gracias al dinero que saldría del subsuelo del país. “Vamos a recuperar el petróleo que, francamente, deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo”, afirmó.
Cuatro días después, su Gobierno concretó el mecanismo.
El secretario de Energía, Chris Wright, declaró que EEUU necesitaba controlar indefinidamente las ventas y los ingresos del petróleo venezolano para forzar los cambios que Washington considerase necesarios. El Departamento de Energía confirmó que el dinero obtenido por esas ventas se depositaría inicialmente en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos.
Trump anunció además que entre 30 y 50 millones de barriles serían comercializados bajo ese sistema y llegó a decir que el dinero estaría controlado por él como presidente de Estados Unidos para beneficiar, según su versión, tanto a Venezuela como a EEUU.
Desde entonces, empresas privadas han ido entrando en el negocio.
Las comercializadoras Vitol y Trafigura manejaban en agosto alrededor de 600.000 barriles diarios, más de la mitad de las exportaciones venezolanas. Chevron recuperó grandes volúmenes hacia Estados Unidos. Exxon negocia su regreso a la Faja del Orinoco y Continental Resources, fundada por el aliado de Trump Harold Hamm, ha firmado un acuerdo para explorar Ayacucho 2, un bloque estimado en 30.000 millones de barriles.
Por eso la acusación de neocolonialismo que realizan críticos de esta estrategia no surge únicamente de una comparación histórica. Se apoya en una secuencia concreta: una potencia extranjera utiliza la fuerza militar, impone capacidad de decisión sobre un Estado soberano, controla temporalmente una de sus principales fuentes de ingresos y facilita después la entrada de empresas privadas propias en sus recursos naturales.
Eso no convierte automáticamente cada inversión estadounidense en un saqueo: existen acuerdos firmados por las actuales autoridades venezolanas y Washington sostiene que su política pretende reconstruir una industria devastada, estabilizar la economía y garantizar que los ingresos beneficien al país. Pero el desequilibrio de poder es difícil de ignorar cuando esos acuerdos llegan después de una incursión militar estadounidense y mientras el Tesoro de EEUU controla parte de los flujos financieros.
Trump utiliza ahora Venezuela como demostración de lo que entiende por su nueva política continental. Lo dijo delante de la ONU: aquella operación prueba que Estados Unidos ya no permitirá determinadas amenazas en el hemisferio y empleará su poder militar cuando considere amenazados sus “intereses nacionales vitales”.
Brasil ha respondido desde la misma tribuna con la posición contraria. Lula reclamó cooperación policial sin intervención extranjera y resumió el problema con una frase difícil de separar de dos siglos de relaciones interamericanas: “Brasil no es el patio trasero de nadie”.
Trump llama a todo esto seguridad continental.
Sus críticos ven el regreso de una idea mucho más antigua: Washington decidiendo qué gobiernos son aceptables, cuándo puede enviar soldados y quién administra después los recursos estratégicos del país intervenido.
Y esta vez ni siquiera hace falta buscar cables secretos para encontrarlo. El presidente de Estados Unidos lo está diciendo en voz alta desde la tribuna de Naciones Unidas.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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