La expulsión de una mujer de 87 años de la casa en la que vivió durante 71 años ha provocado protestas en todo el país, una rebelión en el Samur Social, el regreso de Junts a la negociación del decreto de vivienda y hasta conversaciones sobre una huelga europea de alquileres.
SACARON A MARICARMEN DE CASA Y EL PROBLEMA DEJÓ DE CABER EN SU PORTAL
Maricarmen Abascal fue desahuciada el 23 de septiembre. Tiene 87 años, una discapacidad reconocida del 50% y llevaba viviendo desde 1956 en la misma casa de Madrid. La empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversiones, había conseguido que los tribunales diesen por extinguido su antiguo contrato después de sucesivas subrogaciones familiares. La compañía le ofreció permanecer pagando entre 1.600 y 1.650 euros mensuales, frente a los aproximadamente 440 euros que abonaba anteriormente. Su pensión ronda los 1.450 euros.
La legalidad terminó imponiéndose.
La normalidad política, bastante menos.
Maricarmen pasó su primera noche sin vivienda ingresada en un hospital con un cuadro de agotamiento severo, ansiedad y estrés. El desahucio, ejecutado pese a la enorme movilización vecinal y a una petición internacional de medidas cautelares, produjo una reacción que ya ha sobrepasado ampliamente su caso personal.
Lo que durante años podía presentarse como otro procedimiento judicial se convirtió en una fotografía insoportablemente sencilla del mercado de la vivienda: una anciana fuera, una vivienda dentro y un activo inmobiliario liberado de un contrato barato.
El Gobierno, que llevaba meses sin conseguir reunir los apoyos necesarios para sacar adelante su decreto de vivienda, habla ahora de una “ventana de oportunidad”. La ministra Isabel Rodríguez anunció el 24 de septiembre que pretende llevar la norma al Consejo de Ministros del próximo martes 29 y posteriormente al Congreso. El texto incluirá medidas contra determinados desahucios y el Ejecutivo asegura que quiere introducir cambios de mayor alcance.
Y Junts, que había contribuido a tumbar una versión anterior de esas medidas, ha vuelto a negociar. La formación de Carles Puigdemont confirma que entregó propuestas a Pedro Sánchez el 3 de septiembre y que ahora mantiene contactos con el Gobierno. Su voto puede resultar decisivo para que el decreto sobreviva en el Congreso.
Sumar exige que se apruebe aunque los votos todavía no estén garantizados y sostiene que una moratoria como la planteada habría evitado el lanzamiento de Maricarmen. También ha planteado estudiar la expropiación de la vivienda.
Un caso que llevaba ocho años recorriendo juzgados ha conseguido en 48 horas mover negociaciones que permanecían bloqueadas desde hacía meses.
La política suele descubrir la urgencia cuando la urgencia consigue entrar en televisión.
CUANDO LAS TRABAJADORAS DEJAN DE QUERER SER EL ÚLTIMO ESLABÓN DEL DESAHUCIO
La reacción más incómoda quizá no haya llegado desde el Congreso.
Las trabajadoras y trabajadores del Samur Social de Madrid han decidido dejar de participar en desahucios. La iniciativa nació entre profesionales del turno de mañana después del caso de Maricarmen y fue trasladada al comité de empresa. Denuncian que sus valoraciones sobre vulnerabilidad son frecuentemente ignoradas y que las soluciones habitacionales aparecen con mucha mayor facilidad cuando un lanzamiento adquiere notoriedad mediática.
Es una decisión con una carga política evidente aunque proceda del terreno laboral. El Samur Social ha acudido durante años a lanzamientos para atender precisamente a quienes van a quedarse sin casa. Sus profesionales denuncian ahora una contradicción difícil de resolver: se les pide gestionar humanamente las consecuencias de decisiones sobre las que su criterio técnico apenas pesa.
Mientras tanto, Urbagestión mantiene otra batalla con el Sindicato de Inquilinas. La empresa reclama 10.000 euros y una rectificación por haber sido calificada como “fondo buitre”. Presentó una querella por injurias, calumnias y vulneración del derecho al honor contra la organización y su portavoz, Valeria Racu. El Sindicato se niega a retirar esa expresión. La compañía sostiene que es una pequeña empresa inmobiliaria y no un fondo de inversión; su actividad declarada incluye la gestión, administración y promoción de activos inmobiliarios.
Fuera de los juzgados, el nombre de Maricarmen ya circula por otras ciudades. Tras las concentraciones celebradas durante esta semana, continúan convocatorias en distintos puntos del país. La protesta ha conectado un rostro concreto con una realidad que afecta a miles de hogares y que rara vez recibe semejante atención cuando quienes pierden la vivienda permanecen anónimos.
La onda expansiva ha llegado incluso fuera de España. Unas 70 organizaciones por el derecho a la vivienda de distintos países se reúnen estos días en Madrid para coordinar estrategias ante la crisis del alquiler. Entre las posibilidades que están discutiendo figura una huelga europea de alquileres. De momento es una hipótesis de trabajo, no una convocatoria cerrada.
Eso importa porque el caso Maricarmen corre el riesgo de convertirse en aquello que suele ocurrir con las historias que conmueven durante unos días: una excepción sentimental que permita no tocar la regla.
No faltaron soluciones individuales. Una escritora llegó a ofrecerse a pagar la diferencia entre lo que Maricarmen podía abonar y los 2.650 euros mensuales reclamados inicialmente por la propiedad. Urbagestión no aceptó aquella propuesta.
Pero conseguir un benefactor para cada persona amenazada de desahucio no constituye una política de vivienda.
Las preguntas empiezan en otro lugar: qué protección recibe una persona vulnerable, cuánto poder tiene un propietario cuando termina un contrato antiguo, qué alquiler puede considerarse asumible, qué parque público existe para dar una alternativa y qué ocurre cuando la vivienda funciona simultáneamente como hogar y vehículo de inversión.
El caso de Maricarmen ha conseguido poner todas esas preguntas encima de la misma mesa. Ahora Junts vuelve a negociar, el Gobierno promete un decreto, Sumar presiona para ampliarlo, profesionales municipales se niegan a seguir participando en lanzamientos y organizaciones de vivienda de toda Europa discuten cómo responder colectivamente.
Tuvieron que sacar en camilla a una mujer de 87 años de la casa donde había vivido 71 para que media España dejara de hablar de “casos” y empezara a hablar del sistema.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
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