Por Luis Aneiros
El desahucio de Maricarmen, ocurrido en la mañana de hoy, 23 de setiembre, aparte de constituir un crimen más allá de su legalidad, abre mil incógnitas sobre quienes nos consideramos la especie más desarrollada del planeta. No ha sido el primero, y ni siquiera el protagonizarlo una anciana cercana a los 90 años, con discapacidad y habiendo pasado casi toda su vida en esa vivienda, lo convierte en un caso único. Son ya demasiadas y demasiados maricármenes, demasiados ancianos tranquilos en su hogar de siempre hasta que reciben una carta, un burofax o una visita de quien intenta explicarles que esa tranquilidad no se ajusta a la ley, que el respeto que tenemos los seres humanos por nuestros vecinos más desprotegidos por edad, estado de salud o las miles de posibles vidas marcadas por la tragedia, es nulo. El aspecto humano de haber echado de su casa a una mujer que ya sólo aspiraba a terminar con la mayor dignidad posible, es lo suficientemente dramático como para poder pararse ahí y repetir lo que tanto se ha repetido hoy: que esto es una injusticia, un crimen, posiblemente el más alto grado de inhumanidad y bajeza moral. Pero, por desgracia, hay más.
Por una parte, estos sucesos nos hacen replantearnos qué podemos esperar de las leyes y de la justicia. Que exista un marco legal por el cual una anciana pueda ser expulsada de su hogar más de 70 años después es una anomalía moral y legal. Permitidme que haga un pequeño resumen de lo que me he encontrado, buscando para qué se supone que sirven las leyes: establecen reglas claras de comportamiento para prevenir el caos y resolver conflictos de forma pacífica, defienden la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, definen las funciones del gobierno y de las instituciones públicas para evitar abusos de autoridad, determinan las responsabilidades y obligaciones que cada individuo debe cumplir por el bien común y sancionan las conductas que dañan a la comunidad o violan los derechos ajenos. ¿Bajo cuál de esos preceptos se ha decidido que una ley tenga como finalidad el desahucio de Maricarmen? ¿Cuál es el delito en vivir 70 años en una casa, pagar regularmente el alquiler y aspirar a pasar los últimos años de vida tranquila y en paz? Todos sabemos que este desahucio ha sido injusto, pero lo más preocupante es que los españoles nos hayamos dado unas leyes donde se enmarca esta brutalidad. La perspectiva de un gobierno de la derecha con la complicidad de la extrema derecha es nefasta en este y en otros asuntos pero, ¿va el gobierno “de coalición progresista” a proponer una alternativa para que esto no vuelva a suceder? La verdad, no los imagino trabajando mañana mismo en plantear los cambios legislativos necesarios para el caso de volver a gobernar.
No quiero tocar este asunto sin recordar también cuál es el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado protegen los derechos y las libertades de los ciudadanos y garantizan la seguridad pública en España. De nuevo me cuesta enmarcar esta definición en los sucesos de esta mañana. Maricarmen no era un peligro para los derechos ni las libertades de nadie, y la seguridad pública sólo se ha visto alterada cuando un grupo exagerado de agentes hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes que una vez más tuvieron que poner sus cuerpos, de una manera pacífica, para proteger a quien ninguna autoridad quiso proteger antes. Qué bien escogido está el nombre: fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, no de la ciudadanía.
Para rematar la jugada entran en escena los medios de comunicación. Siempre aparecen cuando se les necesita, por eso suelen ser personajes a los que referirse en momentos como éste. Por lo que parece, la situación de Maricarmen es tan sólo fruto de su afán derrochador. Un medio infame, al que no voy a citar porque no quiero darle más publicidad, aseguraba hoy que Maricarmen tiene una pensión de 1.400 €, lo cual según ellos le habría dado una capacidad de ahorro que la habría librado de tener que abandonar su casa. Y después venía a decir que las leyes son las leyes y que hay que joderse. Pero lo que ha rebasado todos los límites de la decencia ha sido una encuesta en otro panfleto fascista, de nombre anglosajón pero titularidad española y mucho española, en la que tenían la desvergüenza de preguntar a sus “lectores” si estaban de acuerdo con el desahucio de Maricarmen, de 87 años, de su casa de Madrid. A las 22 horas, los resultados son un 51% para el NO y un 45% para el SI. Me consta que a lo largo del día el SI fue por delante hasta bien entrada la tarde. A estas horas de la noche han votado más de 4.000 personas, lo cual supone que aproximadamente 1.900 españoles están de acuerdo con echar a una anciana de su casa para beneficio de un fondo buitre que sólo desea tener el piso vacío para especular. Hay 1.900 personas en nuestro país (evidentemente más) que no se han hecho una pregunta: ¿qué me parecería a mí que mañana entrara la policía en mi casa a golpes, me metieran en una camilla y me sacaran para siempre? No importa el motivo ni la ley que lo amparase. ¿Realmente lo verían bien? Hay miles de españoles que creen estar blindados, que se sienten seguros como sin duda se sentía Maricarmen, que no son capaces de sentir la compasión más básica. La pregunta era si estaban de acuerdo, y respondieron que SI. Ni siquiera les resultaba indiferente. Los malnacidos estaban de acuerdo.
Una cosa está clara… Cuando la necedad y la sinrazón penetran en los ciudadanos, alguien los representará en las instituciones. No sé cuántos miles de españoles está realmente de acuerdo con esta salvajada, pero si no nos preocupamos, si dejamos que estas cosas se diluyan en los telediarios mientras cenamos, la siguiente noticia será aún más dramática y nos pillará desprevenidos. Y será muy tarde. Siempre es muy tarde, como lo ha sido para Maricarmen.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…