La obra de arte se vendió en 2012, cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid y esta administración era la competente para proteger el Goya como Bien de Interés Cultural, lo que no hizo, lucrándose en el proceso.
Un cuñado de Aguirre ha denunciado a la expresidenta de Madrid y a su marido por estafa, fraude fiscal, blanqueo y apropiación indebida por quedarse con cinco millones de euros de la venta de un retrato pintado por Goya a un antepasado.
Lo cuenta Ignacio Escolar en una exclusiva del medio que dirige: El Diario. El cuadro (un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, teniente general del Ejército de Carlos IV y grande de España, antepasado de la familia política de Aguirre) llevaba décadas colgado encima de una chimenea en la planta de arriba del palacete donde residen la expresidenta de Madrid y su marido, Fernando Ramírez de Haro.
La pintura, que no está firmada pero que no deja dudas sobre la autoría de un retrato que Ignacio Ramírez de Haro, conde de Bornos y suegro de Esperanza Aguirre, tuvo en su casa toda su vida, fue peritado en marzo de 2012, dos años después de la muerte del suegro de Aguirre. De esta manera se descubrió que se trataba de un nuevo Goya.
Sin embargo, ninguna de las administraciones obligadas por las leyes que regulan el patrimonio histórico español movieran un dedo para proteger este cuadro. Ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central iniciaron los trámites para incluir esta importante obra en el catálogo de bienes culturales protegidos. Esta obra maestra de Goya sigue sin estar protegida como Bien de Interés Cultural, un registro en el que figuran 168 obras atribuidas al pintor aragonés.
La venta millonaria de un Goya
Tan solo cuatro meses después del hallazgo, el 18 de julio de 2012, Fernando Ramírez de Haro y Esperanza Aguirre (que está casada en régimen de gananciales) vendieron el Goya al empresario Juan Miguel Villar Mir. Una compraventa que hoy está en los tribunales.
La Ley del Patrimonio Histórico Español obliga a las administraciones a proteger como bienes de interés cultural aquellas obras que forman parte del patrimonio histórico, como este cuadro. Las autonomías tienen que realizar esta declaración cuando aparece una obra de estas características.
Si la obra está protegida, como debió haber sucedido con este cuadro, el valor es transparente para el Estado y la ley obliga a los vendedores a comunicar al Ministerio de Cultura cada compraventa al detalle, con el precio pagado, siendo conocido su valor real por tasaciones oficiales. Esto deriva en una mayor carga tributaria difícil de evitar mediante la ocultación de parte de su precio.
En Madrid es el consejo de Gobierno el que tiene la obligación de realizar esta declaración de ‘Bien de Interés Cultural’ para proteger este tipo de obras. Un consejo de Gobierno que, en aquel momento, presidía Esperanza Aguirre.
En febrero de 2019, el cuñado de Aguirre demandó a la pareja al comprobar que no pensaban compartir los cinco millones que pagó Villar Mir con el resto de los herederos.
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