Una vez que penetra en el teléfono móvil del objetivo, el programa israelí Pegasus accede a su información y permite encender el micrófono o la cámara de manera remota sin permiso de su propietario.

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Según ha revelado una investigación del instituto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, publicada este martes por El País y The Guardian, tanto el móvil del presidente del Parlament, Roger Torrent, como el del exconseller de ERC, Ernest Maragall, y el del conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, entre otros, fueron el objetivo del programa espía Pegasus de la compañía israelí NSO Group, un programa que solo pueden adquirir Gobiernos y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

Por ello, Torrent denunció ayer que “en España se practica el espionaje contra los adversarios políticos” y anunció que emprendería las acciones legales y políticas necesarias para que se investiguen los hechos que considera de una gravedad extraordinaria.

Con Pegasus se tiene acceso a cualquier tipo de información. A través de él se pueden escuchar conversaciones telefónicas o presenciales, se puede capturar cualquier mensaje o imagen que aparezca en la pantalla, leer emails o comprobar la geolocalización en tiempo real. Incluso permite al atacante encender el micrófono o la cámara de manera remota sin conocimiento del propietario del dispositivo.

Por lo tanto, no solo la información presente en los teléfonos de Torrent, Maragall o Puigneró se habría visto comprometida, sino también todas las reuniones o conversaciones en las que estos participaran durante el período en el que Pegasus estuvo en sus dispositivos.

El hackeo del teléfono de los dirigentes independentistas catalanes se produjo a través de un fallo de seguridad de WhatsApp entre abril y mayo de 2019 y por el cual se trató de introducir el programa espía en, al menos, 1.400 terminales en el mundo.

Mientras Torrent se enteró del hackeo de su teléfono cuando fue contactado por los periodistas, Puigneró señaló que en marzo del 2019 recibió una llamada con número desconocido a través del Watshapp y el teléfono directamente se bloqueó. Puigneró explica que inmediatamente apagó el teléfono y extrajo las tarjetas SIM y de memoria e informó del problema a la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, encargada de detectar e investigar incidentes como este, pero al no producirse el hackeo no pudieron averiguar la autoría del mismo ya que no había quedado ningún rastro.

Torrent acusó este martes al Estado de practicar el espionaje contra adversarios políticos y calificó el hackeo como una «guerra sucia» contra el movimiento independentista. Además recalcó que si el Gobierno de Pedro Sánchez tenía constancia de dicho espionaje es cómplice y que si no lo conocía es un síntoma muy preocupante de negligencia política.

Los grupos independentistas registraron en el Congreso y en el Senado solicitudes de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, para que den cuentas del asunto.

En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior ha negado cualquier implicación en los hackeos de los móviles de los líderes políticos independentistas. «Ni este Ministerio ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han tenido nunca ninguna relación con la empresa NSO, y por lo tanto nunca han contratado ninguno de sus servicios», explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y añadió que «las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enmarcan siempre en el escrupuloso respeto a la legalidad».

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo central, María Jesús Montero, señaló que desconocían el hackeado y animó a Torrent a poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

Por otro lado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) indicó el pasado lunes a El País que «actúa siempre con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente». Y recordó que las acciones del servicio secreto español están supervisadas por un magistrado del Tribunal Supremo.

El medio estadounidense Vice ha confirmado a través de un extrabajador de la compañía israelí suministradora del programa Pegasus que España es cliente desde 2015.

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