José Castro ha defendido que este concepto de «inviolable» al que hace referencia el artículo «es muy equívoco».

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El magistrado jubilado José Castro, que fuera juez del «caso Noos», que acabó con el cuñado del rey en prisión, considera «una aberración» interpretar que la inviolabilidad del Rey plasmada en la Constitución equivale a impunidad, según ha indicado este lunes durante una entrevista en el programa Els Dematins de IB3 TV.

La Constitución española dispone en su artículo 56.3 que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el articulo 65.2».

Castro ha defendido que este concepto de «inviolable» al que hace referencia el artículo «es muy equívoco» y, en ese sentido, ha lamentado que se dejara su interpretación en manos de los tribunales. Se ha mostrado partidario de la inviolabilidad del Rey en el ejercicio de sus funciones «profesionales», pero no su extensión a los actos de la vida privada.

Asimismo, Castro ha reflexionado razonando que si los autores de la Constitución hubieran querido hacer totalmente invulnerable la figura del Rey, podían haberlo redactado de ese modo de forma expresa, cosa que no hicieron, y se ha preguntado si el referéndum para la ratificación de la Constitución hubiera tenido el mismo resultado de saberse que se hacía al Rey impune. «Hemos comprado una cosa y cuando hemos abierto el paquete nos hemos dado cuenta de que lo que nos han vendido es otra cosa», ha enfatizado.

Cambiar la Constitución

Castro considera, de esta forma, que no sería necesaria una modificación de la Constitución para retirar el término «inviolable», sino que bastaría con un cambio de criterio por parte de los tribunales. Sin embargo, lo ve «complicado» al haberse fijado esta doctrina por parte del pleno del Tribunal Constitucional.

El juez jubilado ha señalado también que la Fiscalía suiza «no tiene por qué» verse vinculada por «los privilegios que España quiera otorgar a una persona» en su legislación.

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