Yolanda Díaz ha mostrado su confianza en que el diálogo social impulse la necesaria elaboración de una ley del teletrabajo que aporte un marco normativo a una realidad laboral.

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La crisis de la covid-19 ha supuesto una prueba dura para la sociedad española. Uno de los baches que se ha tenido que sortear ha sido el de adaptar las empresas en tiempo récord para su digitalización y que funcionasen con teletrabajos: si en 2019 tan solo un 4,8% de los ocupados teletrabajaba, durante los últimos meses ese porcentaje se habría incrementado hasta el 34%.

En esta cuesta arriba, tanto para los trabajadores y trabajadoras, como para las empresas (aunque siempre en menor medida), se ha partido con la base de que el Estatuto de los Trabajadores regula el trabajo a distancia desde la reforma laboral de 2012, partiendo de la igualdad de derechos con el resto de los trabajadores.

El trabajo desde casa tiene la misma retribución y se le aplican las mismas limitaciones y garantías en materia de tiempo de trabajo. Así, el empleador tiene que registrar la jornada de esos trabajadores, como si estuvieran en las dependencias de la empresa, y el trabajador tiene derecho a la desconexión digital. Se le reconoce también el derecho a la formación y la promoción profesional.

Sin embargo, queda mucho trabajo por delante para adaptar este estatuto a los nuevos tiempos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves que la regulación del teletrabajo «no puede ser una forma de abaratar costes» de las empresas. Esta es una clara alusión a las declaraciones de la CEOE, quienes afirman que no les convence el anteproyecto de ley que deberá regular las condiciones del teletrabajo en esta nueva normalidad. 

Desde la patronal consideran que consideran que este anteproyecto de ley se ha concebido «al margen del diálogo social,orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores sociales en la vida económica y social del país». La norma elaborada por el Ministerio de Trabajo es un «texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores», según indican.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha mostrado su confianza en que el diálogo social impulse la necesaria elaboración de una ley del teletrabajo que aporte un marco normativo a una realidad laboral que, con la pandemia, «ha salvado millones de puestos de trabajo y de empresas en este país».

Díaz ha criticado lo que ha sucedido en algunas empresas durante la crisis sanitaria, «con trabajadores y trabajadoras en casa, en muy malas condiciones, pagando los suministros, pero sin derechos laborales», lo que calificó como «las condiciones laborales del siglo XIX», por lo que se ha mostrado convencida de que la patronal quiere «los acuerdos europeos del diálogo social del siglo XXI».

La ministra de Trabajo ha querido dejar claro que UGT «ha hecho sus aportaciones» y que la CEOE «se ha comprometido a hacerlas llegar» también, pero ha insistido en que «lo que no puede ser» es utilizar el teletrabajo «como una forma de abaratar los costes».

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